Miguel
Angel Foronda Calle
Abogado
constitucionalista y analista de política pública
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Uno de los primeros problemas ha sido la
credibilidad generada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) como
instancia responsable de ejecutar el Censo. Esta credibilidad se ha visto
afectada por sucesos que se produjeron entre 2022 y 2023 de donde destaca: mover
el año de realización del censo que debió ser el 2022, renuncias de servidores
vinculados al proceso, observaciones a la cartografía y a las preguntas del
cuestionario censal, entre otros que motivaron movilizaciones en diferentes
latitudes del país. Estos cuestionamientos institucionales podrían retornar, ya
sea fundada o infundadamente, al oficializarse los resultados donde con
seguridad existirán territorios que no estarán conformes con ellos.
Otro aspecto es la solicitud del INE a las nueve
Gobernaciones de emitir los autos de buen gobierno para la realización del
Censo, esta no sería la primera vez puesto que en base al Decreto Supremo N°
1305, emitido para el Censo 2012, se operó de similar manera. Acá lo llamativo
es que existiría un desconocimiento del diseño competencial del Estado
Autonómico ya que esta acción se enmarcaría dentro de las competencias
privativas, es decir que ella le corresponde, irrenunciablemente, al Nivel
Central, bajo la figura de “Censos Oficiales” (CPE: Art. 298.I. num. 16). Pero por
si no fuera suficiente se advierte una falta de sentido pragmático ya que en
lugar de nueve declaratorias se podía emitir una sola desde el Nivel Central
amparado en el marco competencial mencionado.
Los conflictos irresueltos de límites
territoriales se convierten en otra sorpresa de “la caja de Pandora”. Estos
conflictos, según el Viceministerio de Autonomías ascienden a 74 en todo el
país (La Patria: 7/01/2024). Si bien la resolución de estos problemas no es una
atribución del INE es un aspecto que emerge en momentos previos a la
realización de un Censo, un ejemplo de lo señalado es lo que en estas últimas
semanas se ha venido produciendo entorno al territorio de “Piso Firme” y ha
puesto en dilemas a los departamentos de Beni y Santa Cruz. Lo cierto es que
urge la necesidad de resolver estos conflictos y que no emerjan coyunturalmente
en procesos como el de un Censo de Población y Vivienda que tiene fines
diferentes a los de la delimitación territorial.
Uno de los problemas post censo es la
asignación de escaños dentro de la Cámara de Diputados que debe realizarse con
los datos del último censo según lo dispone la Constitución. La última vez que
se produjo esta redistribución, bajo el modelo del Estado Plurinacional, fue con
los datos del Censo 2012 para las elecciones nacionales de 2014, ello se
efectivizó a partir de la Ley N° 421, donde, sin entrar a detalles de la
reconfiguración entre diputados uninominales y plurinacionales, se advierte que
Santa Cruz ganó 3 diputaciones, mientras que Potosí, Chuquisaca y Beni
perdieron 1 cada uno. Hay mucha tela que cortar en este ámbito pero de momento
mostramos esta reconfiguración que generarían los datos censales y que puede
llevar a perder curules en el hemiciclo para algunos departamentos en favor de otros.
Evitar esta sensación de perdida es inevitable, salvo una reforma
constitucional, puesto que el texto constitucional establece el número de
diputados y lo único que podría variarse es su distribución entre circunscripciones
unis y pluris.
Otro aspecto de la “caja de pandora” censal es el
de la coparticipación tributaria que es una transferencia económica del Nivel
Central para los municipios y autonomías indígenas del 20% de la recaudación de determinados impuestos
(LMAD: Disp. Trans. Tercera). Así, los datos que el censo pueda arrojar, serán
determinantes para la asignación de mayores o menores recursos económicos.
Como consecuencias de estos dos últimos
aspectos (escaños y copaticipación) surgen cuestionamientos a la movilidad de
algunas personas que solo para estas fechas retornan a sus lugares de origen
pero que ya no son sus lugares de residencia habitual, la intención con esta
acción es beneficiar a su lugar de nacimiento. En este último caso se han
adoptado algunos intentos de limitar el derecho de locomoción mediante
propuestas normativas locales que pueden tener cuestionamientos desde el punto
de vista de los derechos, se trata de otro debate que se abre a diferentes
posturas. Finalmente habría que mencionar el mentado pacto fiscal, que es un
tema pendiente del censo 2012, que, si bien se mostraron algunas actividades
encaminadas a alcanzar dicho fin, no se logró y eso es evidente puesto que la
configuración fiscal en todo el andamiaje estatal no ha sufrido cambios de
consideración y que sean fruto de acuerdos intergubernativos y que representen
mayores ingresos para el ejercicio autonómico.
Sin duda alguna la preparación, realización y
publicación de los resultados del Censo 2024 constituye una “caja de pandora” que
seguirá mostrando sorpresas, no todas agradables por cierto. Inevitablemente,
los resultados generarán en algunos territorios la sensación de haber ganado y
en otros de haber perdido, los ejemplos más notorios serán la asignación de escaños
en diputados y la coparticipación tributaria. Colateralmente algo que llama la
atención es la vocación autonómica que se encuentra en arrastrar por mucho
tiempo la resolución de conflictos de límites territoriales, el ejercicio
competencial entre otros.
Volviendo a donde empezamos: la mitología, se
dice que al abrirse la “caja de Pandora” lo único que quedó, y que no era
considerado como un mal, era la esperanza y de ahí el dicho “la esperanza es lo
último que se pierde”. Una mirada positiva y esperanzadora nos hace desear que
a partir de la información que el Censo produzca se generan políticas públicas
que atiendan las necesidades de los bolivianos más aún de cara al bicentenario
de nuestra patria.
* Publicado en El Potosí el 21/03/2024: https://elpotosi.net/opinion/20240321_la-caja-de-pandora-del-censo.html
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