Por: Miguel Angel Foronda Calle
Abogado constitucionalista
¿Qué representa hoy un
partido político en Bolivia? En los últimos días se ha vuelto a evidenciar un
fenómeno llamativo: algunos partidos ya no actúan como tales, sino como
simples vehículos electorales. Algunos de estos ponen abiertamente su sigla a
disposición de terceros, dejando a la imaginación de militantes y electores si
se trata de un acto de generosidad, afinidad programática o, quizás, de
intereses no transparentados. Pero, ¿es esto compatible con la legislación
electoral?
La Ley N° 1096 de Organizaciones
Políticas, vigente desde el 1 de septiembre de 2018, establece que los partidos
deben contar con una Declaración de Principios y una Plataforma Programática
(Art. 5, inc. c). Esta última debe expresar una visión de país, propuestas de
políticas públicas y objetivos a mediano y largo plazo (Art. 20). A su vez, los
principios deben reflejar la base ideológica y filosófica que orienta su acción
política (Art. 19).
En este marco, la ideología
y la plataforma programática no son elementos accesorios, sino el ajayu—el
alma—del partido político. La ideología puede entenderse como el conjunto de
ideas que caracteriza a una organización política y define su forma de
interpretar la realidad, mientras que la plataforma es la traducción
programática de esa ideología, que debe presentarse a la militancia en la etapa
preelectoral y al electorado en general durante la campaña.
¿Puede acaso construirse o
adoptarse coherentemente una ideología y visión de país en medio de la premura
por definir candidaturas? En el actual proceso electoral, se evidencia que
varios partidos enfrentan dificultades para realizar actividades de vital
importancia como la realización de congresos orgánicos, la comunicación con sus
bases o, incluso, la identificación de sus dirigentes. Algunas estructuras
“reviven” únicamente ante la proximidad de las elecciones, mientras líderes
imponen candidaturas a espaldas de sus militantes. Más grave aún, hay siglas
que se prestan como franquicias electorales, olvidando todo contenido
ideológico y programático.
La desideologización tiene
consecuencias profundas. Primero, la pérdida de confianza ciudadana: los
votantes ya no saben qué representa cada partido, porque sus discursos cambian
con el viento. Segundo, la imposibilidad de construir proyectos de país
duraderos, ya que todo gira en torno a la próxima elección. Y tercero, quizás
lo más grave: el debilitamiento de la cultura democrática. Si los partidos no
educan, no forman cuadros ni promueven el debate, ¿quién lo hará?
Frente a este panorama,
urge una reflexión colectiva que recupere el sentido ideológico y formativo de
los partidos. Esto no implica volver a viejos y caducos dogmatismos, sino
restablecer un mínimo de coherencia, proyecto y compromiso con la ciudadanía.
Se requieren reformas legales y educación electoral que promuevan mayor
transparencia y democracia interna, pero, sobre todo, voluntad política para
abrir espacios de formación, deliberación y vínculo con las bases. Sin partidos
con ideas y visión de Estado, la democracia boliviana puede verse seriamente
afectada, y con ello los derechos políticos consagrados en la Constitución
Política del Estado.
Al ser los partidos
políticos el único "vehículo" en el caso de las elecciones generales,
la carrera por conseguir siglas se intensificó en días anteriores y dejó en
segundo plano aspectos esenciales como la coherencia ideológica y programática.
De cara a las elecciones subnacionales del próximo año, este es un aspecto
urgente a reflexionar y corregir para no desnaturalizar el rol que deberían cumplir
no solo los partidos políticos, sino también las agrupaciones ciudadanas y
organizaciones indígenas que buscan representar intereses colectivos desde una
base sólida y coherente.
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