La renuncia presidencial y la sucesión constitucional: mitos y realidades ante la crisis

                                                                                                               Por: Miguel Angel Foronda Calle

Abogado e investigador en temas institucionales

Mail: momento.constituyente.bol@gmail.com

Mayo 22, 2026

En estas últimas semanas, en medio de las movilizaciones sociales, han surgido voces en la opinión pública que plantean la renuncia presidencial como salida a la crisis, e incluso algunas que van más allá proponiendo la convocatoria inmediata a elecciones generales. Esta propuesta, desde una perspectiva histórica, no es ajena a otros momentos ya vividos en el país, como fueron las dimisiones en 2003 de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2005 de Carlos Mesa y en 2019 de Evo Morales. El desenlace en todos estos episodios activó la línea de sucesión definida por la Constitución Política del Estado; sin embargo, no en todos los casos se produjo la convocatoria a elecciones. El contexto actual amerita un análisis constitucional riguroso para comprender el escenario institucional real que se abriría si ello sucediera, desmitificando posibles errores de interpretación que circulan en el debate técnico y mediático.

Es importante partir comprendiendo lo sucedido en nuestra historia contemporánea. En los años 2003 y 2005, respectivamente, las renuncias de Sánchez de Lozada y Mesa Gisbert se produjeron bajo el marco de la Constitución Política del Estado de 1967 (con sus reformas de 1994 y 2004). Por su parte, lo sucedido con Morales Ayma en 2019, y una eventual posibilidad de que ocurra en el escenario político actual, se enmarca en un contexto constitucional diferente, ya que los preceptos en esta materia corresponden a la Constitución aprobada en el año 2009.

Hilemos más fino para comprender los contrastes. La antigua Constitución, en su artículo 93, ante la renuncia presidencial habilitaba una cadena sucesoria de cuatro niveles: comenzaba con el Vicepresidente, seguido por el Presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados y, finalmente, en un caso extremo —pero no imposible, como se vio en 2005—, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bajo ese viejo régimen, para convocar a elecciones se requería que asumiera el Presidente de la Corte Suprema y que no hubieran transcurrido tres años del período presidencial. Al haberse cumplido esa condición en 2005 tras la renuncia en cadena del Congreso, Eduardo Rodríguez Veltzé asumió con la misión de llamar a elecciones.

Hoy en día, el panorama es radicalmente distinto y es aquí donde corresponde hacer una precisión obligatoria. Algunos analistas y comunicadores sostienen que si el actual Presidente renuncia a estas alturas de la gestión, se debería convocar a elecciones generales debido a que todavía no se ha cumplido la mitad de su mandato. Sin embargo, bajo un riguroso análisis del texto constitucional vigente, esta interpretación carece por completo de sustento legal.

Si acudimos a la lectura literal del artículo 169 de la Constitución Política del Estado, la cadena de sucesión actual se reduce al Vicepresidente, al Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Diputados, eliminando por completo al órgano judicial. El parágrafo I de dicho artículo establece con total claridad que ante la ausencia definitiva del mandatario, este será reemplazado por la Vicepresidenta o el Vicepresidente. En este nivel —al igual que si correspondiera asumir a la Presidencia del Senado— la norma no exige, prevé ni faculta el llamado a elecciones anticipadas bajo ningún criterio de temporalidad. La obligación de quien sucede es quedarse a concluir el mandato de cinco años para el que fue elegido el Gobierno. Por lo tanto, no corresponde en absoluto llamar a nuevas elecciones generales si se produce una renuncia a los seis meses, al año o a los dos años de iniciada la gestión.

La única y excepcional figura bajo la cual sí se puede y se debe dar una convocatoria a elecciones generales dentro del escenario de la renuncia actual es si la línea de sucesión se agota hasta llegar a la Presidencia de la Cámara de Diputados. El texto constitucional vigente es tajante al señalar que, en este último caso, se convocará a nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días. Consecuentemente, para que la propuesta de adelanto electoral se cumpla, no basta con la dimisión del Presidente; se requeriría el impedimento o la renuncia consecutiva del Vicepresidente y del Presidente de la Cámara de Senadores. Una renuncia pura y simple del jefe de Estado, aislada de ese colapso en cadena, se traduce jurídicamente en la continuidad del periodo a través del Vicepresidente.

¿Por qué se genera entonces la confusión en los medios? Algunos analistas están mezclando de manera errónea los efectos de la renuncia voluntaria con el mecanismo democrático de la revocatoria de mandato que es un mecanismo democrático mediante el cual la ciudadanía puede decidir, a través del voto, si una autoridad electa debe continuar o no en su cargo antes de terminar su mandato, generalmente cuando se considera que perdió confianza, legitimidad o no está cumpliendo adecuadamente sus funciones.

Para activar un proceso revocatorio por descontento social, la Ley del Régimen Electoral exige que haya transcurrido al menos la mitad del período del mandato (dos años y seis meses). Si la ciudadanía acude a las urnas y decide efectivamente revocar al Presidente (conforme al artículo 170 de la CPE), el artículo 171 de la Constitución es categórico: el Vicepresidente asume el cargo de forma inmediata y debe convocar a elecciones presidenciales en el plazo de noventa días. Como se ve, la obligación de llamar a urnas a mitad de gestión pertenece exclusivamente al voto de la gente en una revocatoria, nunca a la decisión individual o a la presión para una renuncia ordinaria.

En conclusión, bajo una rigurosa perspectiva constitucional y político-institucional, no es jurídicamente viable un adelanto de elecciones generales por la simple vía de exigir una renuncia presidencial bajo el argumento del tiempo transcurrido, a menos que el vacío de poder arrastre al Senado y obligue a la Presidencia de Diputados a asumir la transición. Una eventual renuncia ordinaria implica simplemente la continuidad institucional del periodo a través de la sucesión ordinaria.

La administración pública conlleva un andamiaje complejo que requiere estabilidad y tiempos razonables para materializar resultados. Si bien el descontento es legítimo ante los errores de gestión, la democracia exige cumplir los tiempos y procedimientos institucionales. El ordenamiento legal vigente es sabio: no obliga a la ciudadanía a esperar pacientemente los cinco años si la crisis es insostenible, pero establece que el camino legal para recortar un mandato y llamar a nuevas elecciones es la revocatoria de mandato por voto popular, no la imposición de una renuncia textualmente estéril para fines electorales. Preservar esta claridad y solvencia jurídica es la mayor garantía de estabilidad para el país, cuanto menos desde el cristal jurídico.

Estado de Excepción y crisis política en Bolivia: límites constitucionales y riesgos democráticos

 Por: Miguel Angel Foronda Calle

Abogado e investigador en temas institucionales

mayo 20, 2026

Bolivia atraviesa una creciente conflictividad social desde finales del mes de abril. Sin embargo, tras la celebración del Primero de Mayo, las movilizaciones se tornaron más contundentes, siendo el departamento de La Paz uno de los más afectados. Esta situación ha generado impactos en distintos derechos, como el libre tránsito, la salud y el trabajo, además de consecuencias económicas cuyo alcance recién podrá cuantificarse posteriormente en sectores como el aparato productivo, el comercio y el turismo.

Más allá de asumir una postura respecto a las demandas o a los actores involucrados en el conflicto, este artículo busca analizar si tiene viabilidad constitucional la declaración de un Estado de Excepción, propuesta que comenzó a manifestarse en los últimos días ante la falta de soluciones efectivas frente a la conflictividad existente. La pregunta resulta importante porque este tipo de planteamientos suele estar acompañado de emotividad política y de una sensación de urgencia social; sin embargo, pocas veces se analiza con profundidad la dimensión jurídica y constitucional de una medida de esta naturaleza.

Lo que hoy se conoce como Estado de Excepción, bajo el anterior régimen constitucional, tenía la denominación de Estado de Sitio. Sin ingresar en un análisis comparativo amplio, puede advertirse que la Constitución Política del Estado vigente establece mayores controles, límites y procedimientos para su aplicación, restricciones desarrolladas además por la Ley N° 1341 “Ley de Estados de Excepción”.

El Artículo 3 de dicha Ley permite entender que el Estado de Excepción constituye una respuesta del Estado, a través del Órgano Ejecutivo y de manera razonable y proporcional, frente a una amenaza que ponga en peligro real y excepcional los derechos y garantías de la población, la seguridad o el funcionamiento del Estado, y que no pueda ser resuelta mediante las facultades ordinarias existentes. Las causas que podrían motivar su activación son la amenaza externa, la conmoción interna o el desastre natural.

En ese contexto, las medidas que pueden adoptarse comprenden restricciones —no anulación ni suspensión— de determinados derechos y garantías, la adopción de medidas de emergencia y la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público y control de disturbios civiles. En este último punto resulta importante realizar una precisión. El Artículo 20 de la Ley N° 1341 permite interpretar que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control de disturbios civiles requiere previamente la declaración de un Estado de Excepción por conmoción interna, siempre que la Policía Boliviana hubiese sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden.

En caso de decidirse aplicar esta figura, la declaratoria debe realizarse mediante Decreto Supremo aprobado en Consejo de Ministros y posteriormente ser puesta a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene un plazo de setenta y dos horas para aprobarla o rechazarla. Asimismo, el Decreto debe expresar claramente las razones de la declaratoria, las medidas que serán adoptadas y la justificación de por qué las facultades ordinarias resultan insuficientes para enfrentar la situación. El Ejecutivo debe mantener al Legislativo informado de manera permanente y presentar una rendición de cuentas.

Otro aspecto relevante es que la declaratoria de un Estado de Excepción no elimina ni exonera eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de actos contrarios a la Constitución o la ley. En otras palabras, los servidores públicos continúan siendo responsables por sus decisiones y actuaciones aun dentro de un régimen excepcional.

Durante la vigencia de la actual Constitución Política del Estado aún no se ha aplicado formalmente esta figura, pese a que el país atravesó momentos de elevada conflictividad política y social, como ocurrió en 2019, 2024 y 2025. Debe señalarse además que hasta el año 2020 Bolivia no contaba con una ley específica que desarrollara el mandato constitucional contenido en el Artículo 139 de la Constitución.

En la coyuntura actual, algunos sectores ciudadanos e instituciones han solicitado la declaración de un Estado de Excepción. Sin embargo, el gobierno no ha asumido esa decisión, probablemente debido a la complejidad política y jurídica que implica una medida de esta naturaleza, así como al riesgo de agravar el conflicto existente.

En términos prácticos, también llama la atención que recientemente se haya dispuesto la operación denominada “Corredor Humanitario”, que implicó el desplazamiento de las Fuerzas Armadas. Ello reabre el debate sobre los límites constitucionales de la intervención militar en escenarios de conflictividad interna, tomando en cuenta lo dispuesto por el Artículo 20 de la Ley N° 1341.

En este punto podría sostenerse que determinados elementos de la coyuntura actual podrían ser interpretados como compatibles con algunos de los presupuestos constitucionales previstos para la declaratoria de un Estado de Excepción. Sin embargo, la discusión no puede limitarse únicamente al plano jurídico. También debe evaluarse la viabilidad política de la medida y sus posibles consecuencias democráticas.

Una aplicación inadecuada o desproporcionada podría provocar un escalamiento del conflicto social, situación que Bolivia ya ha experimentado en distintos momentos de su historia reciente, guardando las diferencias históricas y políticas de cada caso, como ocurrió en octubre de 2003, junio de 2005 o noviembre de 2019.

Sin duda, se trata de una decisión compleja, pues involucra el equilibrio entre la preservación del orden público, la vigencia de los derechos fundamentales y el mantenimiento del Estado de Derecho. En consecuencia, el diálogo debe mantenerse como un principio permanente. No basta con expresar predisposición al diálogo; este debe materializarse de manera pública, transparente y con señales claras de voluntad política. Pero, al mismo tiempo, en un Estado Democrático también resulta imprescindible garantizar la vigencia efectiva de la Constitución y el respeto al Estado de Derecho.

¿Quién debe presidir el Concejo Municipal: votos ciudadanos vs. votos de concejales?

 

Miguel Angel Foronda Calle

Abogado e investigador en temas institucionales

El conflicto

Tras la posesión de las nuevas autoridades subnacionales, uno de los primeros actos dentro de los entes legislativos —Asambleas Departamentales y Concejos Municipales— es la conformación de sus respectivas directivas. En este interín, la elección de la directiva del Concejo Municipal de La Paz ha dado lugar a una controversia particularmente llamativa.

La agrupación ciudadana “Innovación Humana”, vinculada al recientemente posesionado alcalde César Dockweiler, ha denunciado que dicha elección habría ignorado —según su interpretación— que les correspondería tanto la Presidencia como la Secretaría del Concejo, al ser parte de la organización que obtuvo la victoria electoral y, por tanto, la silla edil. En ese contexto, sus tres concejales abandonaron el proceso de elección, argumentando una vulneración de sus derechos políticos.

Lo cierto es que los restantes ocho concejales —pertenecientes a diferentes organizaciones políticas como Venceremos, Somos La Paz, Jallalla La Paz, Súmate, Suma por el Bien Común y Alianza Social Patriótica— continuaron con el proceso y conformaron la directiva. En esa lógica, Jallalla asumió la Presidencia, la Secretaría recayó en Alianza Social Patriótica y la Vicepresidencia se habría reservado para Innovación Humana, en tanto minoría frente a una mayoría circunstancial o coalición coyuntural de ocho concejales que hicieron posible dicha decisión.

Dos lecturas en disputa

Ante este escenario emergen dos posturas claramente identificables. Por un lado, la de Innovación Humana, que sostiene que le corresponde la Presidencia y la Secretaría en virtud de su mayoría electoral, es decir, del voto ciudadano que le permitió acceder al Ejecutivo municipal.

Por otro lado, la posición de los ocho concejales restantes, quienes han optado por una decisión basada en acuerdos internos dentro del órgano legislativo municipal, argumentando el respeto al reglamento interno.

Qué dice el reglamento

La versión del Reglamento del Concejo Municipal —Texto Ordenado sobre la base de las Ordenanzas Municipales 001/2007, 381/2008, 226/2020, 540/2010, 488/2010 y 174/2011— ofrece elementos clave para este análisis.

El Art. 7 establece que la elección de la directiva se realizará por mayoría absoluta del total de miembros, sin delimitar una cuota específica para las organizaciones políticas. En términos simples, mayoría absoluta implica el cincuenta por ciento más uno de los integrantes del Concejo. En el caso paceño, compuesto por 11 concejales, esto se traduce en al menos seis votos.

A su vez, el Art. 41 introduce un elemento aún más relevante al señalar que, buscando “garantizar participación y pluralidad política”, la conformación de la directiva responde a una distribución donde las mayorías tienen derecho a tres espacios. Más importante aún, aclara que:

“La asignación de mayorías y minorías del Concejo Municipal se refieren a las relaciones de fuerzas constituidas en coalición generadas a partir de los resultados emitidos por la Corte Departamental Electoral y acuerdos políticos entre frentes y tiendas políticas existentes”.

Este enunciado no es menor. El reglamento reconoce explícitamente que las mayorías no son estáticas ni exclusivamente electorales, sino que pueden configurarse a partir de acuerdos y alianzas dentro del propio Concejo. En suma, no se establece un derecho preferente automático para el partido más votado.

El respaldo constitucional

Este entendimiento encuentra respaldo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. La Sentencia Constitucional Plurinacional 1315/2016-S1 señala que:

“la elección de sus directivas, deben regirse estrictamente por sus previsiones reglamentarias, a efectos de garantizar los derechos fundamentales de sus integrantes.”

Este criterio refuerza que la elección de la directiva es una atribución interna del órgano deliberante, sujeta a sus propias reglas y procedimientos, lo que excluye interpretaciones automáticas derivadas únicamente del resultado electoral.

Por su parte, el Art. 26.I de la Constitución Política del Estado establece que todos los ciudadanos:

“tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político…”

Desde esta perspectiva, no se evidencia una restricción formal al ejercicio de los derechos políticos de los concejales de Innovación Humana, quienes tuvieron la posibilidad de asistir a la sesión, participar en el proceso y postularse, debiendo —como en toda lógica democrática— construir las condiciones necesarias para alcanzar una mayoría.

Más política que derecho

Lo que este caso revela es una confusión frecuente: la equiparación entre mayoría electoral (la expresada en las urnas) y mayoría institucional o deliberativa (la que se construye dentro del órgano colegiado).

Ambas son formas legítimas de expresión democrática, pero operan en planos distintos. La primera define la composición del poder; la segunda, su funcionamiento interno.

En contraste, un escenario similar puede observarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional, particularmente en la Cámara de Diputados de Bolivia. Jurídicamente, la elección de su directiva también responde a una lógica de mayorías internas y no a una obligación automática derivada del resultado electoral presidencial. Sin embargo, en la práctica política, estas mayorías suelen coincidir con el partido de gobierno, lo que genera una apariencia de continuidad automática.

Un análisis constitucional y de la normativa municipal aplicable al caso paceño permite concluir que la elección de la directiva del Concejo Municipal responde a una lógica de mayorías internas construidas mediante votación, y no a un reflejo automático del resultado electoral.

La diferencia, en el fondo, no es jurídica, sino política. Allí donde existen mayorías consolidadas, el resultado parece evidente; donde hay fragmentación —como ocurre en el Concejo paceño, con 11 concejales distribuidos en siete organizaciones políticas— el conflicto es más probable.

En ese escenario, alcanzar los seis votos necesarios no es una cuestión de derecho adquirido, sino de articulación política. Y es precisamente ahí donde el derecho deja espacio al ejercicio del oficio político: negociar, acordar y construir mayorías, aunque estas sean coyunturales.

Cierre

No se trata de desconocer la legitimidad del voto ciudadano, sino de comprender que su traducción institucional no es automática en órganos deliberativos. En estos espacios, la gobernabilidad no se hereda: se construye.

En el caso de los Concejos, a la luz del caso analizado, no preside quien obtuvo más votos en las urnas, sino quien logra más votos en la mesa de deliberación.

 

Después de votar: los vacíos de la normativa electoral

 Miguel Angel Foronda Calle

Abogado e investigador en temas institucionales

Mail: momento.constituyente.bol@gmail.com

                                 Foto: Miguel Foronda

Bolivia ha atravesado, desde finales de 2024, un intenso ciclo electoral. Los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir autoridades judiciales, nacionales y, más recientemente, subnacionales. Sin embargo, este proceso continuo no solo ha renovado autoridades: también ha expuesto falencias en la normativa electoral que ameritan un análisis serio, debate público y, eventualmente, reformas. Mejorar las reglas del juego es, en última instancia, fortalecer la democracia.

Desde un enfoque jurídico, el sistema electoral boliviano se sostiene sobre cuatro pilares. El primero es la Constitución Política del Estado (CPE), que establece el marco institucional del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), sus atribuciones y la distribución de competencias entre el nivel central y los niveles subnacionales. El segundo pilar está conformado por la legislación electoral: la Ley 018 del Órgano Electoral, la Ley 026 del Régimen Electoral y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, todas ellas sujetas a reformas a lo largo del tiempo. El tercer pilar lo constituyen los reglamentos y resoluciones emitidos por el OEP, que operativizan los procesos electorales y la justicia electoral. Finalmente, se encuentra la jurisprudencia constitucional, que emerge de acciones destinadas a garantizar los derechos políticos. En esta ocasión, quisiera detenerme en algunos aspectos relevantes del segundo pilar.

Dentro de la institucionalidad del OEP, la Ley 018 merece particular atención. El Artículo 30, numeral 11, asigna al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la atribución de “editar, publicar y difundir la Gaceta Electoral”. No obstante, en la práctica persisten falencias en materia de transparencia jurídica, especialmente en la publicación oportuna, accesible y sistematizada de resoluciones tanto del TSE como de los Tribunales Electorales Departamentales. Esta situación limita el acceso a información relevante para el electorado.

Por otra parte, los artículos 23 y 37 de la misma ley establecen que tanto el TSE como los TED deben “garantizar el ejercicio de los derechos políticos”. Este mandato, aunque fundamental, abre un debate sobre los límites del rol garantista del Órgano Electoral. En particular, cabe preguntarse si, en determinadas circunstancias, esta función podría tensionarse con el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, reconocido en el ordenamiento jurídico boliviano. Casos recientes han evidenciado cómo estas interpretaciones pueden generar controversia en escenarios concretos del proceso electoral.

En cuanto a la Ley N° 026 del Régimen Electoral, también se identifican aspectos que merecen revisión. El Artículo 209 permite la inhabilitación de candidaturas incluso hasta tres días antes de la votación. Si bien esta disposición busca preservar la legalidad del proceso, también puede generar incertidumbre en el electorado, afectando la claridad al momento de ejercer el voto. Situaciones como las registradas con los candidatos a la alcaldía de la ciudad de El Alto como fueron: Eynar Viscarra, Eliser Roca y David Vargas, reflejan este problema.

Otro punto relevante es el sistema de elección de gobernadores. La CPE no prevé expresamente la segunda vuelta para estos cargos; sin embargo, el Artículo 64 de la Ley 026 introduce este mecanismo, siguiendo una lógica similar a la elección presidencial. Esto abre un debate no solo jurídico, en términos de coherencia normativa, sino también práctico, respecto a la necesidad y eficiencia de este sistema, quizás sería oportuno adoptar el sistema para la elección de alcaldes que requiere la mayoría simple como señala el Art. 71. Lo que sucede en el caso de la Gobernación de Oruro que ira a segunda vuelta puede ilustrar la duda planteada, los resultados muestran una diferencia considerable ya que el primer lugar obtuvo el 35,28% de votos válidos y el segundo el 11,05%, esta situación, plantea un debate entre legitimidad y el uso de recursos públicos en procesos de balotaje.

Un desafío adicional se encuentra en el ámbito digital. Las campañas electorales han migrado con fuerza a redes sociales, donde el anonimato y la falta de regulación efectiva han facilitado la difusión de propaganda sin identificación de responsables, así como la circulación de desinformación. Este vacío normativo dificulta la aplicación de disposiciones vigentes sobre propaganda electoral y afecta el principio de equidad en la contienda.

Finalmente, la Ley 1096 de Organizaciones Políticas también enfrenta cuestionamientos. Los recientes procesos electorales han evidenciado debilidades en el rol de los partidos políticos y es acá donde aparecen los denominados “taxi partidos” que pueden ser comprendidos como instancias sin vida orgánica sostenida y que se reactivan únicamente en época electoral. Esta situación lleva a cuestionarse si es necesario agravar las sanciones en este tipo de situaciones, pero, más allá de la necesidad de eventuales ajustes normativos, este fenómeno también revela problemas en la aplicación efectiva de la ley por parte del OEP. En este contexto la desconexión entre estructuras partidarias y candidaturas debilita la legitimidad de la figura del partido político y abre el debate de la dependencia que deba existir a dichas instancias o si esta dependencia requiere ajustes para tener una relación armoniosa y que garantice el ejercicio de derechos políticos de los individuos.

Como puede advertirse, existe una necesidad real de debatir y actualizar la normativa electoral. Las elecciones no deben ser vistas únicamente como un punto de llegada, sino como una oportunidad para evaluar y mejorar las condiciones en las que se ejerce el derecho al voto.

Ajustar la normativa electoral no implica cuestionar la democracia, sino fortalecerla. Bolivia necesita reglas claras, instituciones sólidas y una ciudadanía informada. Ese es el verdadero desafío después de votar.

 

Entre la mayoría absoluta y los dos tercios: lo que está en juego en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional

 

Por: Abog. Miguel Angel Foronda Calle

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Este domingo 17 de agosto de 2025, Bolivia elegirá a sus nuevos representantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) así como al Presidente y Vicepresidente del Estado. Basándonos en las últimas encuestas de intención de voto todo apunta a que, por primera vez en la historia democrática del Estado, se inaugurará la segunda vuelta para acceder a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado

Teniendo en cuenta la posibilidad de la realización de un balotaje no hay que perder de vista la elección de asambleístas puesto que en ese caso no hay posibilidad de una segunda vuelta por lo cual el domingo se define la composición de la ALP para los siguientes cinco años. Los resultados que se logren determinarán la gobernabilidad con la que podrán contar los futuros gobernantes, es decir la posibilidad de tomar decisiones de manera llana en términos institucionales, particularmente en temas que requieran el concurso del ente legislativo. Así, se definirá si el próximo gobierno podrá avanzar con holgura o si, por el contrario, deberá construir consensos permanentes para cada paso, tarea no siempre sencilla.

Mayoría absoluta y dos tercios: el lenguaje del poder para la toma de decisiones y la gobernabilidad.

En una revisión rápida de la Constitución Política del Estado (CPE) y los Reglamentos de las cámaras (Diputados y Senadores) se advierte que la toma de decisiones dentro de la ALP depende esencialmente de dos umbrales claves que son la votación por mayoría absoluta que representa el 50% más uno de los votos  y los dos tercios que aproximadamente representa el 66% de votos. Que una organización política logré obtener un número de asambleístas que le otorgue la mayoría absoluta, y con mayor razón los dos tercios, no es solo un resultado aritmético, sino una posición que podría otorgar gobernabilidad cómoda al nuevo gobierno y allanar la toma decisiones en determinadas materias. Lo contrario obligaría a ingresar a una democracia negociada, donde la capacidad de tender puentes es tan importante como la aritmética legislativa; en este escenario, ahí, hay que decirlo, el rol y habilidades del Vicepresidente, según las atribuciones constitucionales que se le asignan, será determinante. 

Un oficialismo que obtenga mayoría absoluta pero no dos tercios deberá buscar alianzas con la oposición ya que existen muchas materias que para ser aprobadas requieren de ese umbral de votación. Por el contrario, un Legislativo con un bloque oficialista reducido y varias bancadas medianas podría derivar en bloqueos sistemáticos, prolongadas negociaciones o pactos inesperados e incluso los famosos “empatanamientos”. En suma la composición de fuerzas políticas en la Asamblea podría marcar una nueva cultura política, ¿más plural?, ¿más frágil?, ¿más inestable?, ¿más democrática?

El contexto preelectoral: señales de fragmentación

Las encuestas y análisis previos a esta elección ya advierten que ninguna organización política que participa de los comicios tiene asegurado un dominio arrollador en la ALP. Se puede anticipar entonces una Asamblea con bancadas fragmentadas.

Este escenario abre dos caminos posibles. Por una parte, se tendría un escenario de bloqueo, donde cada ley importante se convierta en un pulso prolongado. Por otro lado, un escenario de concertación, donde la pluralidad obligue a construir agendas compartidas, aunque sea de forma mínima, esto último sería más posible entre los partidos que se han identificado como de derecha y no así con los de izquierda que en muchas casos han sido identificados con lo “nacional popular”.  

Algunos temas importantes que requieren los dos tercios.

Los próximos asambleístas tendrán una agenda importante que atender donde se deberá tener en cuenta estos sistemas de votación que permitirán tomar decisiones o inviabilizar los mismos. Dentro de estas decisiones, se pueden visibilizar algunas que se encuentran enunciadas en la CPE para la ALP. Se puede hacer mención, por ejemplo, a aquellas materias que requieren los dos tercios de votos, entre estas se pueden agrupar en materias referentes a: elección y designación de autoridades; actos de fiscalización como la censura de ministros (Art.158.I, num. 18); autorización para juicios de responsabilidad a Presidente y Vicepresidente del Estado (Art. 184. num. 4), aprobación de leyes (Art. 262.I) y procesos de reforma parcial de la Constitución (Art. 411.II).

La elección y designación de autoridades, que hace a un tema delicado como es el institucional, contempla a autoridades como son: Contralor General del Estado (Art. 214), Defensor del Pueblo (Art. 220), Fiscal General del Estado (Art. 227.I), Objeción al Procurador General del Estado nombrado por el Presidente en el plazo de 60 días tras su nombramiento (Art. 230.III); Vocales del Tribunal Supremo Electoral (Art. 158.I., num. 4; Art. 206.III); Preselección de postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, Magistrados del Tribunal Agroambiental, Consejeros de la Magistratura, Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (Art. 182.II;  Art. 188.I; Art. 194,I; Art. 198 . De todos estos los más urgentes serán los Vocales Electorales que culminarán su mandato este fin de año y el Contralor que en la actualidad viene siendo ejercido por una autoridad interina. Además hay que ver de cubrir las acefalias del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional puesto que en las pasadas elecciones judiciales de diciembre de 2024 no se eligieron a todas las autoridades.

Estos son algunos temas importantes sin olvidar que las Cámaras tienen otras decisiones también importantes. En cuanto a la aprobación de leyes, por regla, observando el procedimiento legislativo previsto, las mismas deben ser aprobadas por mayoría absoluta.

Lecciones del pasado

Ante estos posibles escenarios es importante considerar la historia parlamentaria del país. Cuando un solo partido ha controlado dos tercios del Legislativo, la aprobación de leyes y reformas ha sido rápida y sin necesidad de negociar, pero a costa de críticas sobre la falta de debate y deliberación; esto es lo que ha sucedido con el MAS-IPSP en algunas de sus gestiones. Por otro lado, legislaturas sin mayorías claras han obligado a acuerdos transversales, que en algunos casos resultaron productivos y en otros se tradujeron en parálisis política o negociación de espacios de poder, esto último es lo que ha sucedido con la denominada “mega coalición” a finales del siglo pasado.

La experiencia histórica muestra que la estabilidad institucional no depende exclusivamente de los números, sino de la madurez política de los actores para priorizar el interés común sobre el cálculo partidario. Pero además, un aspecto que no se puede pasar por alto, más allá del campo institucional que se encuentra en la ALP y su relación con los otros órganos de gobierno, no hay que  olvidar que existe otro espacio para la gobernabilidad que es la calle, los actores con capacidad de movilización que en determinados momentos incluso han logrado la renuncia de presidentes.

Reflexión final: el otro voto decisivo

Este 17 de agosto, el país no solo elegirá presidente. Elegirá también la correlación de fuerzas que definirá si el próximo quinquenio será de reformas posibles o de vetos cruzados.

En tiempos de fragmentación, la verdadera gobernabilidad se medirá en la capacidad de dialogar, no de imponer. Por eso, el voto para senadores y diputados tiene un peso tan decisivo como el que se emitirá para el binomio presidencial.

La Constitución diseñó el sistema de mayorías para equilibrar poder y control. El reto ahora será demostrar que ese equilibrio puede sostenerse sin sacrificar la deliberación democrática que da sentido al Estado Plurinacional.

 

 

 

 

En el Bicentenario: ¿Es tiempo de reformar la Constitución? ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta?

 

Por Abog. Miguel Angel Foronda Calle

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Imagen: https://radiofides.com/es/la-renuncia-de-candidatos-que-cumplen-cargos-electos-un-principio-constitucional-opacado-por-una-sentencia/

El bicentenario de Bolivia nos invita a hacer mucho más que recordar la fundación de la República en 1825. Es también una oportunidad para mirar críticamente el rumbo del país y preguntarnos si las herramientas institucionales con las que contamos —especialmente nuestra Constitución— están a la altura de los desafíos que vienen por delante.

Desde su nacimiento como República, Bolivia ha tenido 19 constituciones. En retrospectiva, cuando Bolivia llegó a su primer centenario (1925), no se produjo ninguna reforma constitucional cercana a ese año. La más próxima hacia atrás fue la de 1880, y la posterior, la de 1938. En ese intervalo, ocurrieron hitos históricos importantes que no generaron reformas constitucionales, como la Guerra Federal, el cambio de patrón económico de la plata al estaño, o la Guerra del Chaco.

Hoy, Bolivia llega a su segundo centenario con la Constitución Política del Estado aprobada en 2009 mediante referéndum, y que ya cuenta con más de quince años de vigencia. Este texto posee rasgos distintivos dentro del constitucionalismo latinoamericano; su columna vertebral es el carácter plurinacional del Estado. Sin embargo, han surgido cuestionamientos y propuestas de reforma en áreas como la justicia, las autonomías, el modelo económico, la misma concepción de lo plurinacional, y el diseño institucional de los órganos del Estado, entre otros.

Estas propuestas coinciden con un contexto electoral y con el inicio del camino hacia el tercer centenario. En este escenario, surgen preguntas clave:
¿La Constitución de 2009 sigue siendo suficiente para los desafíos actuales? Si no lo es, ¿cuál sería la agenda constituyente adecuada? Y no menos importante, ¿por qué vía debería procesarse esta posible reforma?

Reformas posibles: mecanismos y restricciones

En términos generales, el Derecho Constitucional reconoce dos tipos de constituciones según sus mecanismos de reforma: las flexibles, con procedimientos similares al de una ley ordinaria, y las rígidas, que exigen procesos más complejos.

La Constitución boliviana establece dos mecanismos de modificación, lo que, en mi criterio, la clasifica como rígida:

1. Reforma parcial: Puede ser propuesta por:
   a) iniciativa ciudadana con al menos el 20% de firmas del padrón electoral,
   b) la Asamblea Legislativa mediante una ley aprobada por dos tercios de los miembros presentes.
   En ambos casos, la reforma debe ser validada mediante referéndum.
2. Reforma total: Requiere la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que puede ser activada por:
   a) referéndum ciudadano con el respaldo del 20% del electorado,
   b) decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta,
   c) iniciativa del Presidente del Estado.
   Cualquiera sea el caso, también se exige un referéndum de aprobación. Este procedimiento aplica si se busca modificar temas fundamentales como las bases del Estado (Arts. 1 al 144), derechos y garantías (Arts. 13 al 144), o los principios de primacía constitucional (Arts. 410 y 411).

Esto muestra que reformar la Constitución no puede ser un simple deseo político. La rigidez del procedimiento obliga a considerar múltiples factores, tanto logísticos como políticos y económicos.

Por ejemplo, si se elige la vía ciudadana, recolectar el 20% de firmas del padrón —actualmente compuesto por 7.937.138 votantes— implica reunir 1.587.426 firmas válidas. Esta meta fue intentada en el pasado para reformar la justicia, sin éxito, debido a la complejidad de la movilización.

Si se opta por la vía legislativa, se requerirían dos tercios para una reforma parcial, o mayoría absoluta para convocar una Asamblea Constituyente. Ambas posibilidades exigen una fuerte presencia parlamentaria o, en su defecto, alianzas que permitan alcanzar los votos requeridos. En el actual panorama político, esto parece poco probable.

Pareciera, entonces, que la vía más accesible es la activación presidencial de una reforma total. Esto se debe a que la Constitución no establece requisitos adicionales como en los otros casos. Sin embargo, también aquí es necesario evaluar el impacto financiero del proceso. Cabe preguntarse si, en un contexto de crisis económica, es sensato asumir los altos costos que implica esta ruta, además se debe reflexionar si la reforma total es el camino ya que es la única vía habilitada para el Presidente del Estado.

¿Reformar o reconstruir?

En este contexto, surgen nuevas interrogantes:
¿Es suficiente reformar algunos artículos o se debe abrir paso a un nuevo texto constitucional?
¿Debemos abandonar los avances logrados con la Constitución de 2009 o más bien profundizarlos, adecuándolos al presente y proyectándolos al futuro?

El bicentenario no puede limitarse a una celebración simbólica. Debe ser una invitación a repensar nuestro pacto político y social. Tal vez ha llegado el momento de discutir, sin miedo, el futuro de nuestra Constitución.

Una Constitución viva es aquella que se adapta, que se discute, que se reforma cuando es necesario, y que no se convierte en un texto pétreo, sino en un instrumento que responde a las necesidades de constante cambio que otorguen dignidad y justicia. Pero no basta con la voluntad política. Hoy, el factor económico tiene un peso crucial: estos procesos son costosos, y debemos preguntarnos si este es el momento adecuado para asumirlos.

Partidos sin ajayu: el vacío ideológico de la política boliviana

 

Por: Miguel Angel Foronda Calle
Abogado constitucionalista

Imagen: https://www.oep.org.bo/i

¿Qué representa hoy un partido político en Bolivia? En los últimos días se ha vuelto a evidenciar un fenómeno llamativo: algunos partidos ya no actúan como tales, sino como simples vehículos electorales. Algunos de estos ponen abiertamente su sigla a disposición de terceros, dejando a la imaginación de militantes y electores si se trata de un acto de generosidad, afinidad programática o, quizás, de intereses no transparentados. Pero, ¿es esto compatible con la legislación electoral?

La Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, vigente desde el 1 de septiembre de 2018, establece que los partidos deben contar con una Declaración de Principios y una Plataforma Programática (Art. 5, inc. c). Esta última debe expresar una visión de país, propuestas de políticas públicas y objetivos a mediano y largo plazo (Art. 20). A su vez, los principios deben reflejar la base ideológica y filosófica que orienta su acción política (Art. 19).

En este marco, la ideología y la plataforma programática no son elementos accesorios, sino el ajayu—el alma—del partido político. La ideología puede entenderse como el conjunto de ideas que caracteriza a una organización política y define su forma de interpretar la realidad, mientras que la plataforma es la traducción programática de esa ideología, que debe presentarse a la militancia en la etapa preelectoral y al electorado en general durante la campaña.

¿Puede acaso construirse o adoptarse coherentemente una ideología y visión de país en medio de la premura por definir candidaturas? En el actual proceso electoral, se evidencia que varios partidos enfrentan dificultades para realizar actividades de vital importancia como la realización de congresos orgánicos, la comunicación con sus bases o, incluso, la identificación de sus dirigentes. Algunas estructuras “reviven” únicamente ante la proximidad de las elecciones, mientras líderes imponen candidaturas a espaldas de sus militantes. Más grave aún, hay siglas que se prestan como franquicias electorales, olvidando todo contenido ideológico y programático.

La desideologización tiene consecuencias profundas. Primero, la pérdida de confianza ciudadana: los votantes ya no saben qué representa cada partido, porque sus discursos cambian con el viento. Segundo, la imposibilidad de construir proyectos de país duraderos, ya que todo gira en torno a la próxima elección. Y tercero, quizás lo más grave: el debilitamiento de la cultura democrática. Si los partidos no educan, no forman cuadros ni promueven el debate, ¿quién lo hará?

Frente a este panorama, urge una reflexión colectiva que recupere el sentido ideológico y formativo de los partidos. Esto no implica volver a viejos y caducos dogmatismos, sino restablecer un mínimo de coherencia, proyecto y compromiso con la ciudadanía. Se requieren reformas legales y educación electoral que promuevan mayor transparencia y democracia interna, pero, sobre todo, voluntad política para abrir espacios de formación, deliberación y vínculo con las bases. Sin partidos con ideas y visión de Estado, la democracia boliviana puede verse seriamente afectada, y con ello los derechos políticos consagrados en la Constitución Política del Estado.

Al ser los partidos políticos el único "vehículo" en el caso de las elecciones generales, la carrera por conseguir siglas se intensificó en días anteriores y dejó en segundo plano aspectos esenciales como la coherencia ideológica y programática. De cara a las elecciones subnacionales del próximo año, este es un aspecto urgente a reflexionar y corregir para no desnaturalizar el rol que deberían cumplir no solo los partidos políticos, sino también las agrupaciones ciudadanas y organizaciones indígenas que buscan representar intereses colectivos desde una base sólida y coherente.